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José Couso

José CousoJosé Couso. El Juez Pedraz lo convierte en estandarte contra la reforma de la Ley de Justicia Universal.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que introduce  nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el  principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad  cometidos fuera de nuestras fronteras ha entrado este sábado en vigor  tras ser publicada el viernes en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

La disposición transitoria única de la proposición de ley  impulsada por el PP –una vía que ha permitido evitar los informes  del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado–  obliga a archivar la docena de causas abiertas en la actualidad que  no reúnen los nuevos requisitos.

La reforma limita la persecución de los delitos de genocidio y  lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o  extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho  o cuya extradición haya sido denegada.
La extensión de la jurisdicción española más allá de nuestras  fronteras se condiciona a la existencia de un tratado internacional  que lo autorice y al Estatuto de la Corte Penal Internacional. La  oposición ha criticado que algunas potencias, como China o Estados  Unidos, no han ratificado tales convenios y es imposible perseguir  sus crímenes. Fuente: RTVE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz  ha sido el primero en pronunciarse al respecto este mismo lunes decidiendo no aplicar la nueva ley al caso de la muerte del cámara de Telecinco José Couso en abril de 2003, en Irak, a manos de militares estadounidenses.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 y decano de los jueces instructores de la Audiencia emitió este lunes un auto —resolución razonada— en el que rechaza archivar la causa por el homicidio de Couso al entender que hacerlo supondría incumplir el IV Convenio de Ginebra sobre protección de las personas civiles en tiempo de guerra.
Este tratado, suscrito por España, “obliga” a perseguir “sin limitación alguna” los delitos contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado, sostiene Pedraz, según recoge El País.

El IV Convenio, ratificado por España en 1952, forma parte del ordenamiento jurídico español y su cumplimiento está por encima de las leyes nacionales, recuerda el magistrado. Por esta razón, mantiene la imputación contra el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson. Este último fue quien, desde su carro de combate, disparó un proyectil contra la habitación 1.403 del hotel Palestina de Bagdad, desde donde filmaba Couso las evoluciones del ejército estadounidense en los primeros días de la guerra.

La decisión de Pedraz no es una rebelión corporativa, , según sus palabras, “la aplicación plena del principio de legalidad”.
La reforma contiene una disposición transitoria que declara sobreseídas todas aquellas causas que no encajen en los nuevos requisitos de perseguibilidad. Este artículo faculta a los magistrados a cerrar las investigaciones que no se acomoden a la nueva normativa.

Y Pedraz no ha sido el único que ha optado por no archivar los caso directamente.
El pasado viernes, fecha en que el Boletín Oficial del Estado  publicaba la ley el juez Eloy Velasco decidió consultar a las partes sobre si debe archivar la causa sobre los asesinatos del jesuita español Ignacio Ellacuría y otras siete personas en 1989 en El Salvador a manos de militares.

El juez Pablo Ruz ha emitido este lunes sendas providencias sobre las cinco causas de justicia universal que dependen de su juzgado. El magistrado da tres días a las partes para que se pronuncien sobre el cierre de la querella contra militares marroquíes por el genocidio en el Sáhara Occidental cuando España abandonó su antigua colonia y la contraquerella, también por genocidio, interpuesta por Marruecos contra el Frente Polisario y miembros del ejército argelino. También consulta sobre las siguientes investigaciones: el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976 por agentes de la dictadura chilena de Augusto Pinochet; las torturas en la base estadounidense de Guantánamo y los ataques israelíes a la Flotilla de la Libertad cuando se dirigía a Gaza en octubre de 2012.

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