El juez Hebert Zeballos estuvo en el aeropuerto de Viru Viru el 29 de noviembre, día en que Laura Rojas sacó las maletas guardadas en el depósito aduanero. Mientras Zeballos hablaba con el funcionario de la Aduana incriminado por incumplimiento de deberes, la ex modelo y empresaria Estefania Tufiño, vinculada sentimentalmente con la ex diputada, transmitía a alguien por su celular aquella conversación.Desde el 13 de noviembre, tras la alerta que le dio la Cancillería boliviana, INTERPOL activó mecanismos de inteligencia conjuntamente la DEA y el FBI siguiendo los pasos de Laura Rojas. Dejaron que el Gulfstream despegue de Estados Unidos el 28 de noviembre, y comunicaron a Bolivia que una ex diputada con pasaporte diplomático apócrifo intentaría introducir piezas dispersas de armas camufladas en 32 maletas cargadas con mercadería común.
De acuerdo a la alerta del FBI y la DEA, esas maletas debían abrirse apenas el Gulfstream pose en territorio boliviano; y atraparse a la banda que puso a la ex diputada y sus hijas como “mulas” de ese vuelo. La Aduana no abrió las maletas, cuidó el equipaje mafioso durante más de 24 horas sin tocarlas. Migración había puesto en cada maleta la cinta roja que les confiere inmunidad diplomática, pese a que la Cancillería reportó que el pasaporte diplomático estaba anulado desde el 13 de noviembre.
Migración ha incurrido en el consabido modus operandi de poner cintas rojas a un equipaje delictivo. En condiciones normales, las cintas rojas su adhieren a valijas diplomáticas que contienen documentos o valores dirigidos de un Estado a otro, y deben ser protegidos como secreto de Estado de acuerdo a la Convención de Viena de 1961, que otorga inmunidad diplomática a todo equipaje oficial. Poner cinta roja a 32 maletas comunes, es un delito migratorio. La ex diputada no iba con valija diplomática. La Cancillería es parte civil en un juicio contra Laura Rojas por el uso indebido del fuero diplomático. Son pasibles del mismo proceso penal, los funcionarios de la Aduana y Migración que violaron la Convención de Viena.
Mientras formalizaba el trámite para recoger las maletas con el ilegal credencial diplomático en mano, el 29 de noviembre —según se ve en los videos de vigilancia de Viru Viru— Laura Rojas hablaba por el celular persistentemente. Ni el Ministerio de Gobierno ni el Ministerio Público han informado hasta hoy quién o quienes estaban al otro lado de la línea hablando con la ex diputada.
Laura Rojas se limitó a sacar las maletas del depósito aduanero y nada más. Las valijas fueron llevadas hacia rumbo desconocido por ocho personas que la acompañaban en el aeropuerto, según se ve en los videos de vigilancia. Ninguno de esos ocho individuos en cuyas manos desaparecieron los 32 cuerpos del delito, ha sido identificado y menos convocado a declarar.
Fuentes amigas de Sol de Pando, aseguran que entre esos ocho intocables estaban guardias de seguridad que trabajan bajo las órdenes del juez Hebert Zeballos, ahora procesado por comerciar al mayoreo marihuana paraguaya; lo descubrieron al buscar las 32 maletas en un galpón de su empresa de seguridad —varias semanas después del viaje— y las maletas ya no estaban allí.
