“Se identificaron usuarios, operadores y despachantes. Contra ellos se están generando acciones directas y procesos penales”, informó el viceministro Yamil García
La intervención que ordenó el Gobierno en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destapó una red de presunta corrupción con 300 personas identificadas que serán procesadas penalmente, informó este viernes el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García.
La intervención develó irregularidades acumuladas durante dos décadas tanto en la petrolera estatal como en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con la participación de funcionarios públicos, operadores, despachantes y usuarios particulares, según informó el Gobienro en un boletín de prensa.
“Se identificaron usuarios, operadores y despachantes. Contra ellos se están generando acciones directas y procesos penales”, remarcó García durante una conferencia de prensa.
El viceministro vinculó las indagaciones a la fiscalización del abastecimiento de combustibles en el territorio nacional. “Es preciso señalar que, como comisión, nos hemos trazado como objetivo prioritario mejorar la situación del abastecimiento, especialmente en relación a los distritos que han sido identificados. Sin embargo, desde la perspectiva jurídica no basta con resolver la situación del desabastecimiento, sino que además debemos identificar las causas, a los presuntos responsables y proponer soluciones estructurales para que en el futuro no vuelvan a ocurrir este tipo de circunstancias”, explicó.
La fiscalización constató diversas irregularidades operativas, entre ellas la entrega de productos sin registro contable previo. “Hemos podido identificar, en primer lugar, casos en donde se han emitido despachos sin factura; es decir, la lógica administrativa establecida en nuestra norma señala que previamente se debe efectuar el pago, la facturación, la orden de despacho y recién la asignación. Sin embargo, hemos podido observar muchos casos en los que se han generado despachos y recién después se ha facturado”, sostuvo la autoridad.
Respecto a este punto, García agregó que “para que se pueda observar que no son datos aislados, sino que son casos concretos, hemos podido identificar más de 30 casos en donde se han emitido los despachos y recién después se han emitido las facturas”.
La investigación evidenció además la asignación de volúmenes de combustible por encima de los límites autorizados. “Si existiera un control trazable de la asignación de cupos, no hubieran ocurrido estos casos. Sin embargo, hemos podido identificar que han existido clientes directos que han recibido más del 199 por ciento del límite”, afirmó el funcionario.
Por último, el informe oficial expuso desvíos en los cronogramas y volúmenes de entrega. “Se debían efectuar las programaciones para que los despachos se realicen de acuerdo a una planificación. Sin embargo, en este caso se pueden observar más de 40 situaciones en donde los retiros que estaban programados para varios días se los efectuó en un solo día”, detalló el viceministro, quien concluyó que “se ha observado una serie de casos en donde estos retiros han sido muy superiores a lo que se debía entregar”.
