Gálvez asegura que con la detención de Mariaca y otros, “la Policía actuó ante una organización criminal que tenía una actividad permanente”.
A partir de las primeras investigaciones tras la detención del fiscal general del Estado Roger Mariaca y otras autoridades judiciales y de la Policía, el gobierno dice haber detectado una sistemática protección a actividades ilegales y ligadas al crimen, desde esferas de poder en diversos niveles del Estado.
“¿Cuál es la hipótesis de investigación que guía todo este esfuerzo? Que una organización vinculada al tráfico de drogas ha contado con mecanismos de protección dentro del propio Estado”, afirmó la tarde de este jueves el vocero presidencial José Luis Gálvez.
Aunque las investigaciones siguen en curso, el vocero aseguró que hay suficientes elementos para asegurar que “la Policía actuó ante un acto en flagrancia, ante un delito perpetrado por una organización criminal que tenía una actividad permanente desde hace largo tiempo”.
Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio, entre otros 10 sospechosos, fueron aprehendidos entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves por su supuesta relación con el narcotráfico. El ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo informó que son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. El lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió una nómina de 13 personas, en las que figuraban Mariaca, Zeballos e Irusta, que fueron “desvisadas” por su relación con el narcotráfico y la corrupción.
Estructura
Gálvez remarcó que la extrema gravedad de este caso se comprueba a partir de la certeza de que los investigados y presuntos involucrados no son “ciudadanos comunes, como todos nosotros”, sino que son autoridades de diversos niveles y órganos cuyo accionar implicó “la utilización de instituciones del Estado para generar protección e impunidad al narcotráfico”.
Hay muchas evidencias y pistas para seguir la investigación, advirtió el vocero, y agregó que será este proceso el que permita determinar “quiénes participaron, cómo operaban, desde cuándo lo hacían, a quiénes protegían y qué decisiones adoptaron para favorecer la impunidad”. / BRÚJULA DIGITAL/
