David Sejas, una de las víctimas y denunciantes, cuestionó el accionar de los fiscales y espera que no se trate de un boicot para no avanzar en las investigaciones contra los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.
La inasistencia de los fiscales e investigadores obstaculizó la declaración informativa del exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; y el abogado Jaime Soliz en el caso Hotel Las Américas.
“No había ningún policía ni ninguno de los tres fiscales. Creo que el Ministerio Público no está tomando con seriedad este caso, no se está dando cuenta la dimensión y no se está dando cuenta que la denuncia de las víctimas, debe ser investigado con seriedad”, protestó Soliz al salir de instalaciones policiales.
La semana pasada, los fiscales del caso convocaron a Ruben Costas, Jaime Soliz y al presidente de la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz, Víctor Hugo Iporre, para que comparezcan a partir de las 14:00.
Ante la convocatoria, cerca de las 14:00, el exgobernador cruceño llegó hasta dependencias policiales para comparecer; sin embargo, minutos después salió de esas instalaciones y no brindó detalles a los medios de comunicación.
Soliz también ingresó a instalaciones policiales y al salir denunció que los policías no tenían conocimiento del actuado judicial, por lo que consideró que existe una parcialización por parte de los fiscales del caso.
En ese contexto, David Sejas, una de las víctimas y denunciantes, cuestionó el accionar de los fiscales y espera que no se trate de un boicot para no avanzar en las investigaciones contra los responsables de las ejecuciones extrajudiciales que de produjeron el 16 de abril de 2009, en la ciudad de Santa Cruz.
El 11 de septiembre, la fiscalía departamental de Santa Cruz admitió la denuncia interpuesta por David Sejas, Alfredo Saucedo y Juan Carlos Guedes donde acusan al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y a varios ministros de su gestión, además de funcionarios policiales por las lesiones leves y graves, vejaciones y torturas, y amenazas de los que fueron víctimas.
El 9 de octubre, la alianza Libre remitió una proposición acusatoria a la Fiscalía General del Estado para que se tramite el juicio de responsabilidades contra el exmandatario. Luego, el recurso fue enviado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, después de la subsanación de observaciones, inició con la etapa preliminar de la investigación.















