La norma que ya está vigente alcanza a todos los asambleístas departamentales y concejales municipales del país que culminarán su gestión en mayo de este año. Se aplicará también a las actuales autoridades que dejen sus funciones en 2030.Las exautoridades nacionales de los órganos Ejecutivo y Legislativo que culminaron su gestión el 7 de noviembre de 2025 deben permanecer de forma obligada en territorio nacional hasta mayo de este año. Asimismo, las futuras exautoridades regionales, desde los gobernadores departamentales hasta los concejales municipales que terminarán su gestión en mayo, tienen prohibido viajar al exterior hasta noviembre de este año. En total, son más de cinco mil autoridades a quienes alcanza la Ley 1709, norma que modificó la Ley 1352.
“La presente Ley tiene por objeto establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de seis (6) meses de haber cesado el mandato”, se lee en la primera parte del articulo 2 que modifica la Ley 1352 que establecía la obligatoriedad de permanencia de tres meses. Ahora es de seis meses y abarca a todos los niveles de administración estatal.
Es decir, que se refiere a las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo, entre ellos, al presidente, vicepresidente, a los ministros de Estado, y asambleístas nacionales (senadores y diputados).
El artículo también cita a los gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales municipales y “máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas mixtas y privadas que administren recursos fiscales, a efecto de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”.
¿Y de dónde sale la cifra de más de cinco mil autoridades que este año se ven y se verán impedidas de abandonar el país en un lapso determinado?
Primero, en el nivel central, es decir, las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo que culminaron su gestión en noviembre de 2025, suman más de 400, tomando en cuenta los 350 asambleístas: senadores, diputados y supraestatales titulares y suplentes.
A ellos se suman el expresidente, el exvicepresidente, el gabinete de 17 ministros de Estado, además de las máximas autoridades ejecutivas de las empresas estatales y entidades públicas, mixtas y privadas que administraron recursos públicos. Éstos están “arraigados hasta el 8 de mayo”, que es cuando se cumplen los seis meses fuera de sus cargos.
De otro lado están quienes aún ejercen algún cargo en las “entidades territoriales autónomas”, es decir, en las nueve gobernaciones y asambleas legislativas departamentales, municipios, autoridades regionales y concejales municipales que suman 4.962 en todo el país. Todos ellos deberán permanecer en Bolivia hasta el 3 de noviembre de este año.
A favor y en contra
Esta norma que fue tratada y aprobada en tiempo récord se promulgó en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía por indicios de corrupción del gobierno de Luis Arce. Pero no solo abarca al régimen del MAS, sino que se aplica a todas las autoridades de las distintas fuerzas políticas que administran el Estado.
“Consideramos que seis meses es un plazo muy razonable para tener las cuentas claras y de aquí a cinco años se usará la misma normativa para nosotros”, dijo a EL DEBER el diputado Manolo Rojas del PDC.
Si bien la norma es bien vista por la mayoría de los parlamentarios, surgieron voces que califican la norma como “draconiana”, que vulnera la presunción de inocencia y los derechos humanos.
Y fue la diputada, Cecilia Requena (Unidad) quien realizó estas observaciones. “Esta ley es para cualquier concejal, diputado, senador, incluso los de oposición que no tienen ningún manejo de recursos, ¿qué pasa si esa persona tiene alguna emergencia de salud. Con esta norma estamos violando otro derecho humano”, afirmó. //EL DEBER
