Tras el anuncio de YPFB de poner aditivos a la gasolina, la Asociación de Surtidores de Tarija (ASOSUR) denunciaron que, un lote masivo de gasolina "especial plus" contaminada se sigue comercializando en las estaciones por obligación legal, mientras los mecánicos reportan daños críticos en todo el país.Desde la Asociación de Surtidores Privados (Asosur), su presidente Moisés Hidalgo, afirmó que las inspecciones a estaciones de servicio y la toma de muestras solo “distraen al público”, cuando —según sostuvo— ya se sabe que la gasolina especial plus está contaminada.
Hidalgo aseguró que el problema no está en los surtidores ni siquiera en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuyo laboratorio, dijo, apenas mide cinco parámetros. “La que está circulando es gasolina basura”, sentenció, al anunciar un viaje a la ciudad de La Paz para exigir a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que cumpla su rol fiscalizador y sancione a YPFB prohibiendo la venta de este combustible.
El dirigente denunció que, por un decreto supremo vigente, los surtidores están obligados a seguir comercializando la gasolina. “Lo que quiere YPFB es que terminemos ese lote, que debe ser muy grande, porque no se termina”, afirmó, advirtiendo que mientras el carburante siga en circulación, los vehículos continuarán reportando daños en sus motores.
Reclamos desde el Legislativo
La preocupación también llegó al ámbito legislativo. La senadora Marcela Guerrero calificó como “triste” la situación que atraviesa el país y advirtió que, de continuar este escenario, se podría terminar con un “cementerio de motorizados”.
Guerrero detalló que los costos de reparación oscilan entre los 3.000 y 15.000 bolivianos, montos imposibles de cubrir para muchas familias. Además, cuestionó la incertidumbre sobre el funcionamiento del seguro y los mecanismos de resarcimiento. “No hay respuestas claras sobre cuánto va a tomar ni cómo se van a cubrir los daños”, señaló, exigiendo explicaciones al Ministerio de Hidrocarburos.
La legisladora remarcó que, más allá de qué institución asuma la solución —YPFB, ANH o el Ministerio—, lo urgente es dar respuestas concretas a la población. Asimismo, alertó sobre la susceptibilidad ciudadana al momento de cargar combustible.
“La gente no sabe si cargar o no, y eso genera más incertidumbre”. En ese marco, insistió en el pedido de suspender la comercialización de la gasolina cuestionada para evitar nuevos daños.
La apuesta por aditivos estabilizantes
En respuesta a la crisis, el Gobierno anunció que desde este martes 3 de marzo se incorporarán aditivos estabilizantes antioxidantes a la gasolina a nivel nacional, con el objetivo de evitar su degradación y mejorar su calidad, sin que ello implique un incremento en el precio.
El presidente Rodrigo Paz explicó que estos aditivos permitirán estabilizar el combustible, limpiar inyectores, eliminar residuos y optimizar el rendimiento del motor. Según informó, es la primera vez que se aplica esta medida en el país, como parte de una estrategia para fortalecer el abastecimiento y el desempeño del carburante.
Esta disposición se enmarca en una serie de acciones adoptadas tras la denuncia de un presunto “sabotaje”, entre ellas el resguardo de plantas estratégicas con apoyo de las Fuerzas Armadas, con el fin de garantizar el suministro y la soberanía energética.
YPFB anuncia resarcimiento
Paralelamente, YPFB anunció la puesta en marcha de un sistema para atender los reclamos. La responsable de Comunicación del Distrito Comercial YPFB Tarija, Daniela Galarza, informó que desde este 3 de marzo se activará el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma digital donde los afectados podrán cargar su documentación para la evaluación y eventual resarcimiento de los daños.
Entre los requisitos figuran el RUAT, cédula de identidad, número de celular, SOAT, cuenta bancaria y el detalle de los daños, respaldados con facturas, recibos, informes y fotografías del taller mecánico. El trámite se realizará mediante declaración jurada y está habilitado tanto para vehículos como para motocicletas.
Galarza precisó que, en principio, el vehículo debe estar a nombre del solicitante, aunque no descartó que se analicen casos excepcionales cuando el motorizado figure a nombre de terceros.
Remarcó que no existe un monto límite para resarcir daños en vehículos, pero sí se han establecido rangos entre leve, medio y grave. Sin embargo, en motocicletas el monto estimado es entre 1.000 y 3.500 bolivianos. // E.P.
