Consideran que la promulgación de la norma podría significar la eliminación de los últimos obstáculos para la legalización del tráfico, el avasallamiento y la concentración de tierras.La Fundación Tierra cuestionó el alcance de la Ley 157 de conversión de la pequeña propiedad a mediana y empresarial y advirtió que la norma favorecería principalmente a grandes agroempresarios, en lugar de beneficiar a campesinos e indígenas, como el Gobierno asegura.
La jornada pasada, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó la Ley 157 para que las pequeñas propiedades pasen a ser catalogadas como medianas y así poder ser sujetas a hipotecas.
Colque señaló que esta ley representaba una “primera prueba de fuego” para el Ejecutivo, al tratarse de una normativa clave que debía ser evaluada con detenimiento antes de su promulgación.
Según el investigador, el problema central radica en que la ley se basa en una premisa que no se condice con la realidad. Aunque se presenta como un mecanismo para apoyar a pequeños productores que trabajan directamente la tierra, en la práctica los principales beneficiarios serían los grandes agroempresarios que durante años aprovecharon vacíos legales para titular sus tierras como si fueran pequeñas propiedades.
“Cientos de miles de hectáreas fueron deliberadamente fraccionadas en supuestas ‘pequeñas propiedades ganaderas’ de hasta 500 hectáreas. La información catastral y las imágenes satelitales ofrecen pruebas contundentes. Son miles de predios divididos, pero contiguos que mayormente están concentrados Santa Cruz y Beni. Bajo la apariencia legal de pequeñas propiedades, se legalizaron cientos de latifundios encubiertos, medianas y grandes propiedades que fueron pretendidas por años con expedientes agrarios viciados de nulidad”, dijo Colque.
El experto de Tierra afirmó que esas prácticas no sólo implicaron vulneraciones a la normativa vigente, sino que instalaron una lógica en la que el incumplimiento se vuelve habitual y el respeto a la ley queda relegado.
Colque advirtió que la norma, lejos de corregir estas distorsiones, abre la posibilidad de regularizar tierras que actualmente figuran a nombre de terceros, conocidos como “palos blancos”, lo que facilitaría el blanqueo de propiedades acumuladas de forma irregular.
El investigador consideró que la promulgación de la norma podría significar la eliminación de los últimos obstáculos para la legalización del tráfico, el avasallamiento y la concentración de tierras.
En consecuencia, cuestionó que el proceso de aprobación de leyes se haya convertido en un trámite sin un análisis riguroso por parte de las autoridades del Legislativo y del Ejecutivo.
