La resolución 5010/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina establece un límite de 10 kilos de mercadería y un tope de compras hasta $us 150 por persona.
El puente internacional que conecta a Yacuiba con Salvador Mazza (Argentina) está expedito luego que los bagalleros levantaron el bloqueo que apenas tuvo una duración de 10 horas.
Los bagalleros interrumpieron la medida de protesta por el compromiso de la senadora Rosalva Romero y de representantes del Gobierno Regional del Gran Chaco y del Defensor del Pueblo de gestionar ante la Cancillería una reunión con autoridades del país vecino para revisar las restricciones aduaneras.
La resolución 5010/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina establece un límite de 10 kilos de mercadería y un tope de compras hasta $us 150 por persona. Además, se prohíbe el traslado de granos y combustibles en recipientes particulares.
En ese contexto, la senadora Romero firmó con bagalleros el compromiso de concertar reunión bilateral con Argentina
El presidente de la Asociación de Bagalleros Gran Chaco, Ramiro Alarcón, dijo a EL DEBER que el sector busca la anulación de esa resolución aduanera que tiene su efecto en su trabajo diario de trasladar mercadería de lado argentino hacia territorio boliviano.
Según Alarcón, si se mantienen las restricciones aduaneras se dejará sin trabajo a más de 1.000 bagalleros que viven de esta actividad.
«Nosotros sobrevivimos del traslado de mercadería de Salvador Mazza y al ponerse un límite de 10 kilos ya nos afecta porque ya no podemos internar más de esa cantidad. Por eso en estos días se redujeron el transporte en un 30%», indicó.
El dirigente declaró que ahora esperan que la senadora Romero concrete la reunión bilateral para reconsiderar la medida del ARCA.
Mientras tanto, los Intendentes de Aguas Blancas, Adrián Ariel Zigarán, y de Salvador Mazza, Gustavo Eduardo Subelza, presentaron este lunes un recurso de amparo colectivo en contra de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Ambas autoridades argentinas, a través de este documento, piden se declare de inconstitucionalidad manifiesta y la consecuente nulidad absoluta de la resolución 5910/2026 emitida por el organismo demandado y publicada en el Boletín Oficial de la Nación Argentina.
«Esta suerte de cepo aduanero y las nuevas prohibiciones dispuestas se encuentran en plena vigencia, lo que produce un serio daño patrimonial sobre el comercio local y la asfixia de recursos y paz social del municipio», justifican en el documento.
