La defensa de los comunarios cuestiona que la Fiscalía resolvió trámites en apenas dos horas, un proceso que suele demorar días. Acusan al Ministerio Público de actuar bajo presión para facilitar el ingreso de YPFB y Petrobras.Un nuevo frente de conflicto se abre en Tarija entre la política estatal de expansión hidrocarburífera y la defensa del territorio. La Fiscalía de Materia de Entre Ríos presentó una acusación formal contra 17 campesinos y comunarios identificados como defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, a quienes se señala por presuntamente impedir trabajos de prospección del proyecto exploratorio Domo Oso X3, impulsado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El proceso penal, iniciado a denuncia de la estatal petrolera, no solo expone la criminalización de la protesta ambiental, sino que también ha despertado fuertes cuestionamientos por la rapidez con la que actuó el Ministerio Público, un hecho que los acusados interpretan como una señal de persecución y presión para facilitar el ingreso de las petroleras a una zona ambientalmente sensible.
Los hechos según la Fiscalía
De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal Isabel Andrea Roymant Valdez (CUD: 606102052400144), los hechos se habrían registrado los días 1 y 2 de octubre de 2024, cuando personal de YPFB y de la empresa Petrobras Bolivia S.A. intentó ingresar a los predios “Valle del Peregrino” y “Oso Morro Montuoso”, en el cantón Chiquiacá, municipio de Entre Ríos.
Según la versión fiscal, las empresas contaban con autorizaciones de los aparentes beneficiarios de estos predios para realizar actividades de relevamiento técnico. Sin embargo, un grupo de comunarios habría bloqueado el ingreso en el acceso a la comunidad de Saican, impidiendo el paso pese a la presencia de efectivos policiales. Este hecho, sostiene la acusación, habría generado un daño económico a YPFB y, por ende, al Estado.
Los acusados y los delitos imputados
La lista de imputados incluye a 17 personas acusadas por los delitos de “impedir o estorbar el ejercicio de funciones” y “atentados contra la libertad de trabajo”, tipificados en los artículos 161 y 303 del Código Penal. Entre los acusados figuran agricultores, ganaderos, amas de casa y comunarios de la zona, además del concejal municipal de Entre Ríos, Rodrigo Altamirano Garay, quien también enfrenta una acusación adicional por el delito de “instigación pública a delinquir”.
Un total de 10 de los 17 imputados son representados por el abogado Roger Ibarra Coronado, quien ha advertido que el proceso se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad social y ambiental.
Tierras en conflicto
Más allá del proceso penal, los documentos incorporados al caso revelan un trasfondo agrario complejo. Un informe oficial del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), solicitado por un legislador, confirma que los predios donde se pretendía ingresar presentan graves superposiciones y que el derecho propietario no se encuentra consolidado.
El predio “Valle del Peregrino”, por ejemplo, registra una superficie mensurada que difiere significativamente de la reconocida en el informe de cierre, además de superponerse con otros predios como “Oso Morro Montuoso” y “Pampa del Rayo Morro Montoso”. En este último, el saneamiento aún se encuentra en revisión de control de calidad. Solo el predio “Limitas” no presenta conflictos.
El propio INRA es categórico al señalar que, mientras no exista una resolución final de saneamiento, los beneficiarios no pueden ser considerados propietarios plenos. Este hecho pone en duda la validez de las autorizaciones presentadas por YPFB y Petrobras para ingresar a la zona.
YPFB se declara víctima
En el marco del proceso, YPFB formalizó su participación como víctima a través de un apersonamiento presentado en enero de 2026 por su representación legal en Tarija. La estatal petrolera respaldó su actuación en un poder notarial amplio otorgado por su presidente ejecutivo interino, que faculta a más de 30 abogados para representarla en instancias judiciales y administrativas en todo el país.
La celeridad del Ministerio Público
Uno de los puntos más observados por la defensa es la rapidez con la que se activó el proceso penal. El abogado Roger Ibarra explicó que la denuncia fue presentada el 29 de diciembre de 2025 y que, en cuestión de horas, se produjeron resoluciones, objeciones y una revocatoria por parte del fiscal departamental.
“Por ley, estos procedimientos deberían tomar al menos 24 horas, pero en la práctica suelen demorar entre cinco y siete días. Aquí todo se resolvió en aproximadamente dos horas y media”, cuestionó Ibarra, calificando el hecho como inusual y preocupante.
Desde el lado de los acusados, el concejal Rodrigo Altamirano lamentó que 17 personas enfrenten un juicio penal por defender Tariquía. Cuestionó que, siendo Tarija la tierra natal del presidente Rodrigo Paz Pereira, se persiga judicialmente a comunarios que defienden el agua y el territorio donde viven.
“Llama la atención que la justicia actúe en menos de 24 horas para acusar a gente humilde y campesina, con el único fin de intimidar y lograr que desistan de la defensa del territorio”, afirmó, señalando que el actual Gobierno estaría actuando con mayor dureza que en anteriores gestiones.
Altamirano indicó que, ante este escenario, solo queda enfrentar el proceso judicial y pidió el respaldo de la población tarijeña y de la Defensoría del Pueblo.
Un caso con impacto nacional
La acusación contra los 17 defensores de Tariquía se perfila como un caso emblemático que pone en tensión la explotación de recursos naturales, la protección ambiental y los derechos agrarios. Mientras la Fiscalía sostiene que se vulneraron funciones estatales, los comunarios afirman que ejercieron un legítimo derecho de defensa territorial en un contexto de inseguridad jurídica sobre la tierra. //EL PAÍS
