A un año del inicio del gobierno de Rodrigo Paz, el caso Cerimedo-Beller dejó más sombras que luces en el Ejecutivo. Las revelaciones pusieron en cuestión la presunta influencia de actores externos en las decisiones del Estado, el poder que habría ejercido el exasesor presidencial argentino Fernando Cerimedo dentro del aparato gubernamental y una serie de denuncias relacionadas con supuestos hechos de corrupción y narcotráfico.
El 8 de noviembre, Paz asumió la Presidencia en medio de expectativas por el cambio de gobierno. Desde el inicio de su gestión, prometió impulsar transformaciones para sacar a Bolivia de la crisis económica y energética. Sin embargo, varias de sus promesas quedaron pendientes, mientras su administración enfrentaba conflictos políticos en las calles y las repercusiones del caso Cerimedo-Beller, que alcanzaron al entorno familiar del mandatario, incluida una presunta participación de su esposa y su hija en asuntos estatales.
Desde la oposición, legisladores calificaron el primer año de gestión de Paz como negativo. Cuestionaron la permanencia de funcionarios vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) en instituciones estatales, denunciaron presuntos hechos de corrupción y reprocharon al Gobierno por no contribuir al esclarecimiento de casos polémicos.
Nos prometieron profundizar las autonomías, cero; nos prometieron cerrar la Aduana, cero. Hay una lista muy larga. ¿Se acuerdan cuando hablaba el Vicepresidente de las casas de dos pisos?, cero; bonos, cero. Lo único que han “Nos prometió el 50/50, cero. Nos prometieron 12 leyes estructurales, cero; ngenerado para el país es escándalo y show político”, cuestionó el diputado Israel Mérida, de la bancada Libre.
Cerimedo, Beller y el entorno familiar del Presidente
La renuncia del exministro de Trabajo Edgar Morales, en mayo de 2026, puso de manifiesto uno de los primeros cuestionamientos sobre la presunta influencia del exasesor argentino y del entorno familiar del Presidente en las decisiones del Gobierno.
Morales denunció que Catalina Paz, hija del mandatario, manejaba la comunicación gubernamental. Según su versión, algunos ministros se vieron impedidos de brindar declaraciones públicas debido a solicitudes que eran rechazadas “desde arriba”. El vocero presidencial rechazó esas revelaciones con el argumento de que Catalina no era funcionaria pública.
En ese entonces, en los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional circulaban versiones según las cuales la participación de la hija del Presidente era el menor de los problemas, pues quien realmente tendría poder dentro del Gobierno sería Fernando Cerimedo. Hasta ese momento no se conocían pruebas concluyentes sobre esa presunta influencia, sino versiones e indicios que cobraron mayor relevancia tras la difusión del caso Nadia Beller.
Después de sufrir un atentado, la operadora política Nadia Beller, en agosto de 2026, difundió una serie de audios y chats, además de relatar experiencias personales relacionadas con su expareja. Las revelaciones apuntaron a una presunta influencia de Cerimedo por encima de los ministros y a su supuesta participación en negociaciones vinculadas con el combustible, en las que también habría intervenido la primera dama, María Elena “Bibi” Urquidi.
Al menos tres audios filtrados sugieren que Urquidi habría tenido influencia en decisiones relacionadas con cambios de autoridades y otros asuntos gubernamentales. Sin embargo, la primera dama optó por mantener silencio público durante estos meses.
La diputada Claudia Bilbao, identificada con el sector rodriguista, minimizó las grabaciones en las que se menciona a la primera dama. Sostuvo que Urquidi no cometió ningún ilícito y afirmó que tampoco existen pruebas de que haya sustraído recursos económicos de los bolivianos. Asimismo, dejó en manos de la Fiscalía la verificación de la autenticidad de los audios.
“¿Ella (Urquidi) qué va a decir? Soy yo, no soy yo. No tiene nada que decir. Primero, que de oficio la Fiscalía haga un proceso”, puntualizó Bilbao.
Por otra parte, las filtraciones suman al menos 15 conversaciones con diferentes actores políticos, principalmente del Órgano Ejecutivo, además de intercambios con la primera dama y el diputado Alejandro Reyes. Según las interpretaciones que surgieron tras su difusión, las grabaciones revelarían el grado de influencia que habría ejercido el asesor argentino. No obstante, las autoridades gubernamentales y el propio Presidente negaron que Cerimedo interviniera en asuntos del Estado boliviano.
El mandatario, incluso, pidió investigar a la persona responsable de filtrar los audios para procesarla. Tras esa posición, la Fiscalía General del Estado anunció la conformación de una unidad para abordar el caso, aunque también señaló que verificar la autenticidad de las grabaciones requiere recursos económicos elevados.
¿Qué presuntos hechos de corrupción puso al descubierto el caso Cerimedo-Beller?
El diputado Edwin Huiza, de la bancada Alianza Popular, identificó varios indicios de posibles hechos de corrupción que, a su juicio, deben ser investigados. Entre ellos mencionó el supuesto pago de 5.000 dólares a legisladores para conseguir respaldo en la Asamblea Legislativa, la presunta intromisión de un ciudadano extranjero en asuntos de Estado y supuestos cobros de Cerimedo para facilitar el despacho de avionetas presuntamente vinculadas con el transporte de sustancias controladas.
“Aquí terceras personas no tienen un fuero, no tienen ninguna atribución (en las decisiones de Estado). Como cualquier ciudadano pueden sugerir, pero no a ese nivel. Hay indicios de casos de corrupción y narcotráfico (que deben ser investigados)”, puntualizó Huiza.
En conjunto, el caso Cerimedo-Beller puso bajo cuestionamiento presuntos negociados relacionados con combustibles y oro; la posible intermediación en negocios que involucrarían al entorno familiar del mandatario; supuestos movimientos de dinero y controles aeroportuarios que habrían favorecido a personas vinculadas con el narcotráfico; además de posibles intentos de encubrimiento de hechos que involucrarían a ministros.
La senadora María Elena Pachacute, de la bancada Libre, cuestionó la falta de voluntad del fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, quien señaló que se requieren 450.000 dólares para adquirir un equipo que permita verificar la autenticidad de los audios filtrados.
“Realmente es aberrante que el fiscal diga que no hay ninguna denuncia presentada. Por eso, hemos enviado una Petición de Informe Escrito justamente mencionando cuáles han sido las tareas que ha hecho el fiscal Urioste con el caso de Fernando Cerimedo”, puntualizó.
Por su parte, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en La Paz, Marco Quiroga, lamentó la presunta participación de integrantes de la familia presidencial en decisiones estatales. Comparó esta situación con lo ocurrido durante el gobierno del MAS, cuando, según las denuncias de entonces, el hijo del expresidente Luis Arce habría intervenido en asuntos relacionados con la importación de combustibles.














