Campesinos, arroceros, cañeros, agropecuarios y transportistas rechazan el DS 5676 y exigen su abrogación. El agro prepara un congreso de emergencia para el jueves 27, donde podría definir nuevas medidas de presiónEL DEBER.- La semana que comienza se perfila como una prueba para el Gobierno de Rodrigo Paz. A siete días de la entrada en vigencia del Decreto Supremo (DS) 5676, que estableció un precio referencial inicial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, productores agropecuarios, campesinos, arroceros, cañeros y transportistas han elevado el tono de sus reclamos y algunos sectores ya anunciaron plazos y posibles bloqueos si la norma no es abrogada.
El escenario de tensión se construye mientras persisten las dificultades de abastecimiento de diésel en distintas regiones del país. La norma, promulgada el 16 de agosto, mantiene en Bs 9,80 el litro para transportistas, particulares y otros consumidores, pero establece el precio de Bs 18 para clientes directos, grandes consumidores y usuarios que adquieren volúmenes bajo el nuevo esquema. El Gobierno sostiene que la medida busca reducir el contrabando, eliminar distorsiones y acercar el precio de los grandes volúmenes al costo de importación.
Para el aparato productivo, sin embargo, la diferenciación representa un incremento que amenaza con trasladarse directamente a los costos de producción.
El norte cruceño pone un plazo de 48 horas
La señal más contundente llegó este domingo desde las cuatro provincias del norte de Santa Cruz: Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo.
Campesinos, centrales, subcentrales, sindicatos agrarios y asociaciones productivas realizaron un ampliado de emergencia y exigieron al Gobierno la abrogación inmediata del DS 5676. El plazo fijado es de 48 horas y, si no existe una respuesta favorable, anunciaron que se declararán en estado de emergencia y evaluarán medidas de presión.
La advertencia se suma a la movilización protagonizada durante esta jornada (domingo) por productores de San Juan, quienes llegaron en una caravana de aproximadamente un centenar de vehículos hasta la carretera Santa Cruz-Cochabamba. La protesta generó interrupciones intermitentes de la circulación y los movilizados anunciaron un pronunciamiento sobre las próximas acciones.
El reclamo también llegó desde Guarayos. Más de medio centenar de productores arroceros y campesinos marcharon este domingo contra la escasez de combustible y exigieron la abrogación del decreto.
Javier Núñez, dirigente de la Central Única de Trabajadores Campesinos, advirtió con radicalizar las medidas si la norma no es anulada, mientras que Ramiro Pérez, presidente de la Federación de Productores Arroceros, alertó que el sector podría tener dificultades para garantizar el abastecimiento de arroz debido al costo y la falta de combustible.
La preocupación tiene una explicación directa: el diésel es uno de los principales insumos para preparar la tierra, sembrar, cosechar y transportar la producción.
La CAO prepara un congreso clave
El conflicto tendrá uno de sus momentos centrales el jueves 27 de agosto, cuando la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) lleve adelante un congreso extraordinario en Warnes para definir la posición del sector frente al DS 5676 y eventualmente determinar nuevas medidas de presión.
La organización se declaró en estado de emergencia y sostiene que el decreto es “discriminatorio” e “improvisado”. Su presidente, Klaus Frerking, advirtió que el incremento del combustible elevará los costos de producción y terminará afectando a los precios de los alimentos.
El congreso puede convertirse así en un punto de inflexión. La CAO anunció que convocará a las cámaras agropecuarias del país, con la posibilidad de que el debate trascienda Santa Cruz y se convierta en una posición nacional del sector productivo.
La advertencia es concreta: si no hay una solución a la demanda de abrogación, el encuentro definirá acciones “en defensa de la producción agropecuaria y el abastecimiento de alimento” del país.
Confeagro suma presión nacional
La protesta no se limita al Santa Cruz. La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), que reúne a representantes productivos de los nueve departamentos, también pidió la abrogación del decreto y planteó la liberación de la importación y comercialización de carburantes.
La institución considera que el aumento del precio del diésel está golpeando al sector sin que existan medidas suficientes para compensar sus efectos y advirtió que la producción podría disminuir.
La coincidencia entre la CAO y Confeagro puede darle al reclamo una dimensión nacional, particularmente si las bases productivas deciden acompañar las medidas que se definan el jueves.
Cañeros y arroceros también rechazan la medida
Los cañeros se encuentran entre los sectores que cuestionan el nuevo esquema. Alcides Córdova, presidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), calificó el decreto de discriminatorio y señaló que el sector atraviesa una situación crítica de liquidez.
El dirigente afirmó además que el Estado mantiene una deuda de más de Bs 400 millones con el sector por el etanol adquirido, situación que, según los productores, reduce todavía más su capacidad para absorber el incremento del costo del combustible.
Los productores arroceros también se sumaron al pedido de abrogación. En Beni, dirigentes del sector expresaron su rechazo a que existan precios diferenciados y señalaron que aguardarán las determinaciones de sus bases para definir eventuales medidas de presión. El reclamo tiene un componente adicional: el temor a que el mayor costo del diésel termine repercutiendo en la canasta familiar.
Los transportistas mantienen la presión
A las organizaciones productivas se suma el transporte. La Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en estado de emergencia y anunció la convocatoria a un ampliado nacional para definir medidas contra el DS 5676 y por los problemas de abastecimiento.
Aunque el Gobierno ha aclarado que el precio de Bs 9,80 se mantiene para el transporte, el sector cuestiona la escasez y advierte que necesita combustible para mantener sus operaciones y cumplir con sus obligaciones financieras.
El malestar, por tanto, no se concentra únicamente en el precio. La falta de diésel y las dificultades para acceder al carburante siguen siendo parte central de la protesta.
El Gobierno defiende el Bs 18
Frente al creciente rechazo, el Gobierno sostiene que el DS 5676 no representa un incremento generalizado del precio del diésel.
El Ministerio de Hidrocarburos explicó que los Bs 18 corresponden a un precio referencial para grandes consumidores, mientras que transportistas y particulares mantienen el precio de Bs 9,80. La medida busca regularizar la provisión, reducir las filas y cerrar el diferencial que, según el Ejecutivo, incentiva el contrabando y la reventa.
YPFB también remarcó que el nuevo precio no afecta al usuario habitual que carga combustible en una estación de servicio, sino a quienes adquieren grandes volúmenes fuera del esquema convencional de venta al consumidor final.
El problema es que los sectores productivos incluidos entre los grandes consumidores consideran que esa diferenciación desconoce la estructura real de sus costos.
Una semana que puede marcar el rumbo del conflicto
Con movilizaciones ya registradas, plazos de 24 y 48 horas, advertencias de bloqueos y un congreso agropecuario programado para el jueves, el conflicto por el diésel ingresará esta semana en una fase de mayor tensión.
El 27 de agosto aparece como una fecha clave. Allí, los productores deberán decidir si mantienen la presión institucional, endurecen las protestas o avanzan hacia medidas que puedan afectar la circulación y el abastecimiento.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta el desafío de defender una medida que considera necesaria para enfrentar la crisis de combustibles, pero que ha conseguido reunir en su contra a buena parte de los sectores que dependen del diésel para producir y transportar.
La disputa ya no gira únicamente en torno a los Bs 18 por litro. Para los productores, está en juego el costo de producir alimentos; para los transportistas, la viabilidad de sus operaciones; y para el Gobierno, la posibilidad de modificar el esquema de comercialización del combustible sin que la medida derive en un nuevo foco de conflictividad social.
La semana que comienza será, por ello, decisiva: el campo tiene fecha para definir su respuesta y varios sectores ya tienen las carreteras como escenario de presión.
