El dirigente campesino afín al evismo, Nelson Virreira, fue aprehendido ayer por policías de civil y trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Cochabamba.
Tras su aprehensión, Virreira afirmó que desconoce cuál es su situación jurídica o si será trasladado a La Paz, ciudad donde está abierto el caso por los bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio de este año.
Virreira dijo a la prensa que se le acusa por los delitos de “atentado contra la seguridad del Estado y los servicios básicos”.
“Solo hemos protestado porque no hay comida, gasolina. Es parte de la persecución política que ha iniciado el Gobierno, cuando uno defiende al pueblo nos exponemos a este tipo de cosas”, señaló.
La semana pasada, el dirigente había advertido que octubre sería el “inicio del fin” del Gobierno de Rodrigo Paz.
La semana pasada, Virreira anunció que el evismo busca la unificación del “movimiento popular indígena” para iniciar movilizaciones.
“Nosotros estamos preparando una movilización nacional y general que tenga resultados contundentes en nuestro país”, afirmó en contacto con Radio Fides.
La orden de aprehensión, del 5 de octubre, señala la presunta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Los delitos citados fueron presuntamente cometidos durante las movilizaciones de mayo y junio.
Audiencia
El abogado de Virreira, Juan Marcelo Argote, señaló a los medios que su cliente está dispuesto a coadyuvar con la investigación y que se encuentra tranquilo, aunque sorprendido por la orden de aprehensión.
Argote espera conocer detalles sobre los tipos penales por los que Virreira es sindicado y aclaró que en la orden no figura el delito de terrorismo, por lo que, según explicó, no correspondería su traslado a La Paz.
Hasta ayer en la tarde se esperaba la imputación y la posterior audiencia de medidas cautelares.
Los bloqueos comenzaron a principios de mayo y llegaron a 53 días de conflicto, hasta que el 22 de junio Evo Morales anunció un cuarto intermedio en el Chapare. La Defensoría registró, solo entre el 1 de mayo y el 2 de junio, 365 personas arrestadas durante operativos policiales y militares. De ellas, 247 fueron liberadas. Las otras 118 quedaron sometidas a diferentes situaciones jurídicas. La mayoría fue liberado.
