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Por estrategia: Policía Nacional pedirá apoyo internacional para arrestar a Evo Morales

El ex director del Servicio de Migración, Marcel Rivas, planteó que la Policía Boliviana tiene la opción de recurrir al "Escudo de las Américas" para ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. Rivas enfatizó las serias repercusiones sociales y políticas si las fuerzas del orden no cumplen su mandato constitucional ante la rebeldía del exjefe de Estado.

Marcel Rivas, ex director del Servicio de Migración, abordó este martes las condiciones actuales que enfrenta la Policía Boliviana para ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. El exmandatario fue declarado en rebeldía por no presentarse ante el tribunal de justicia de Tarija, donde es juzgado por un caso de trata de personas con agravante. En este contexto, Rivas formuló un análisis sobre los desafíos y las alternativas disponibles para la fuerza del orden.

Según el ex funcionario, la institución policial podría recurrir a una organización internacional conocida como el “Escudo de las Américas”. Esta entidad se presenta como un mecanismo de cooperación y logística en el ámbito de la seguridad y protección de los ciudadanos. La propuesta de Rivas surge ante la preocupación por posibles consecuencias violentas o altercados que pudieran derivarse de la ejecución de la orden judicial contra el líder político, buscando garantizar un procedimiento eficaz y seguro.

Marcel Rivas enfatizó que si el Ministerio de Gobierno no procede con la determinación necesaria y en estricto apego a la Constitución Política del Estado, esto podría dejar señales jurídicas y políticas sumamente graves. El ex director del Servicio de Migración advirtió que tal escenario mermaría considerablemente la credibilidad de las autoridades ante la sociedad boliviana, estableciendo un precedente preocupante respecto al cumplimiento de las resoluciones judiciales y la autoridad del Estado.

En criterio de Rivas, es fundamental que las fuerzas de seguridad cumplan con su deber constitucional de hacer valer el mandato judicial, independientemente de la figura del implicado. El no hacerlo, reiteró el ex director, no solo socavaría la confianza en el sistema de justicia, sino que también podría percibirse como una debilidad institucional con vastas repercusiones en el panorama social y político. La actuación firme y apegada a la ley es indispensable para preservar la estabilidad y el orden en el país, según lo expresado por Rivas.