La abogada Gina Castellanos, representante legal de Mario Cossío Cortés, informó que presentó una querella criminal por los delitos de calumnia y difamación contra el asambleísta Rodrigo Delgado a quien acusa de haber realizado declaraciones denigrantes contra el exgobernador en un acto formal de la Asamblea y posteriormente difundidas en redes sociales.
Castellanos señaló que Cossío considera que fue afectado en su dignidad, honra y buen nombre, derechos que, según explicó, se encuentran protegidos por la normativa. “Él con el derecho que le asiste, ha interpuesto ya, está interpuesta ya la querella criminal en contra de este señor por el delito de calumnia y difamación”, afirmó.
La jurista cuestionó que se haya mencionado a Cossío pese a que actualmente no ejerce funciones públicas, y consideró que la alocución en su contra habría sido innecesaria. Según Castellanos, el nombre del exgobernador fue utilizado en un contexto que calificó como “indebido” e “indecoroso”, afectando su dignidad.
En ese marco, sostuvo que durante el periodo en que Cossío ejerció como autoridad se formularon distintas acusaciones que, de acuerdo con su versión, no llegaron a demostrar las circunstancias que se le atribuían. La abogada vinculó esas acusaciones con una etapa que calificó como de persecución política.
Castellanos también se refirió a las expresiones en las que presuntamente se habría calificado a Cossío como “corrupto”. Explicó que, desde su perspectiva, utilizar ese término implica atribuirle la comisión de un delito, por lo que consideró que se trata de una acusación que deberá ser sustentada.
La representante legal afirmó que Cossío pudo postularse como candidato porque no cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada, y aseguró que esa situación es conocida por la persona contra quien se presentó la querella.
Respecto al refugio político de Cossío en Paraguay, Castellanos rechazó que pueda ser descrito como una fuga. Explicó que el refugio político es una figura del derecho internacional y que, en este caso, fue otorgado por el Estado paraguayo después de los procedimientos correspondientes.
Según Castellanos, al tratarse de delitos de acción penal privada, el proceso es impulsado directamente por la víctima ante las autoridades judiciales y no interviene la Fiscalía. Señaló que la querella fue presentada durante la anterior semana.
La jurista explicó que, como primera actuación, el juez que conozca la causa convocará a una audiencia de conciliación, instancia en la que se podrá plantear una retractación en las condiciones que correspondan. Si no se alcanza un acuerdo, el proceso continuará hacia una audiencia de juicio oral.
“Si no existe esta conciliación, pues se llama una audiencia de juicio oral donde, bueno, obviamente nosotros vamos a demostrar que se ha vertido estas ofensas y de que han mellado la dignidad de la víctima”, sostuvo Castellanos.
Sobre la posibilidad de acreditar la veracidad de las afirmaciones cuestionadas, la abogada mencionó la denominada excepción de verdad y sostuvo que, según su interpretación, esta posibilidad no correspondería en el caso debido a que Cossío actualmente no es funcionario público.
