El asambleísta departamental Rodrigo Delgado confirmó que asumirá su defensa ante la querella penal privada presentada por el exgobernador de Tarija Mario Adel Cossío, quien lo acusa de los delitos de calumnia y difamación por declaraciones públicas en las que cuestionó su gestión y su salida del país.
La acción fue presentada la semana pasada por la defensa del exgobernador y se encuentra en una etapa inicial. Al tratarse de un proceso de acción penal privada, corresponde ahora que la autoridad judicial convoque a una audiencia de conciliación.
La abogada Gina Castellanos, representante de Cossío, explicó que su cliente considera que las declaraciones del asambleísta afectaron su dignidad, honra y buen nombre. Entre las expresiones cuestionadas están aquellas en las que Delgado habría calificado de “corrupto” al exgobernador y cuestionado las circunstancias en las que abandonó el país.
La defensa de Cossío sostiene que esas afirmaciones constituyen una atribución de hechos delictivos y que deben ser respaldadas legalmente. También argumenta que el exgobernador no cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada y que su salida de Bolivia estuvo vinculada al refugio político que obtuvo en Paraguay.
Castellanos señaló que, durante la audiencia de conciliación, su representado buscará que Delgado se retracte de las declaraciones cuestionadas y que lo haga por los mismos medios en los que, según la denuncia, se produjeron las expresiones consideradas lesivas.
Delgado, por su parte, no anticipó una retractación y afirmó que ejercerá su derecho a la defensa dentro del proceso. La determinación sobre la existencia o no de responsabilidades corresponderá a la autoridad judicial.
Si no se alcanza un acuerdo en la audiencia de conciliación, el proceso podrá continuar hacia un juicio oral, en el que deberán ser analizadas las declaraciones denunciadas y los elementos de prueba que presenten ambas partes.
El caso vuelve así a poner frente a frente al exgobernador y al asambleísta departamental, esta vez en un proceso judicial que deberá establecer si las expresiones cuestionadas constituyen los delitos denunciados. // Fuente: El País
