La sesión de la Asamblea Legislativa convocada para decidir el futuro del Ministerio Público se desvió por una escena en los pasillos y butacas del hemiciclo, pero terminó con una ley sancionada en pocas horas. La senadora del PDC Ana María Crispín transmitió en vivo por sus redes el momento en que encaró a tres delegados diplomáticos. Uno dijo ser de Argentina, otro de Perú y el tercero se identificó como representante de la Embajada de Estados Unidos.
Según su versión, vio a un enviado estadounidense con una laptop y un código QR, frente a una diputada. En el hemiciclo gritó, señalando a cuatro personas: “¡Ahí están los Estados Unidos, con sus QRs!”.
En el video, Crispín pregunta a cada uno su nombre y a quién representa. Se identifican Germán López (Argentina) y Fernando Zúñiga (Perú). El estadounidense no da su nombre. Dice que está allí “desde Escudo de las Américas” y que es “un momento muy importante para el país”. Ante la pregunta por los QR, Zúñiga responde que son un “contacto de WhatsApp”. Crispín replica: “¿Era contacto, no era presupuesto?”. El estadounidense contesta: “Era para mantener contacto”.
La senadora lo interroga entonces sobre por qué Estados Unidos se interesa ahora por este caso y no por otros, como el caso Cerimedo. Él responde que Estados Unidos “siempre ha estado ahí”, que lo que importa es que se tomen acciones contra la corrupción y el narcotráfico, y que están en la Asamblea “para observar”. Le propone una reunión privada y ella la rechaza: “Privado, nada”. Él pregunta si está grabando. “Estoy grabando para toda Bolivia”, responde ella. Cierra pidiéndole respeto a la soberanía del país. La cuarta persona, que filmó el episodio con su dispositivo, es una mujer presuntamente norteamericana que no ha sido identificada hasta el momento.
Después, ante la prensa, Crispín afirmó: “No están corriendo maletas, están corriendo QR”. Sostuvo que existe una desconfianza hacia los operadores políticos locales, por lo que, dijo, los pagos se harían directamente desde Estados Unidos. También dijo que algunos de los códigos denunciados ya habrían registrado pagos. La diputada Patricia Patiño expresó sospechas similares y ambas vincularon el asunto con el “Escudo de las Américas”.
El caso Mariaca como telón de fondo
El 28 de septiembre, el Departamento de Estado designó públicamente a Roger Mariaca por corrupción y lo acusó de pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico. Fue aprehendido la noche del 30 de septiembre en Santa Cruz, pero las actas de aprehensión en el documento de imputación formal del 2 de octubre están fechadas el 1 de octubre. Después, la Policía interceptó una ambulancia que salió de un condominio vinculado a él, con Bs 3.532.100 y 10.000 dólares. Cuatro personas fueron aprehendidas, entre ellas una menor de edad. Un fiscal dijo que se investigará el origen del dinero y que los aprehendidos deberán respaldar legalmente cómo lo obtuvieron. Ese fiscal admitió que aún no hay certeza de que la ambulancia haya salido del domicilio de Mariaca y que esa información viene de informes policiales verbales.
Esa es la ambulancia que Crispín había cuestionado. Preguntó si “tenía dinero” y cuestionó que “en 10 minutos han cargado y ha salido”. El hallazgo oficial de dinero sugiere que el hecho no era una invención, aunque su vínculo con Mariaca sigue en investigación. También fueron aprehendidos los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta, y se negó la acción de libertad de Irusta. La Fiscalía pidió seis meses de cárcel preventiva para los tres.
Mariaca, elegido en octubre de 2024 para un mandato de seis años, rechazó las acusaciones y las calificó de “injerencia” y “presión política”. La detención y un video del narcotraficante Sebastián Marset en el que dice que Mariaca es su amigo abrieron una investigación sobre posibles contactos entre funcionarios bolivianos y Marset, capturado en Santa Cruz en marzo y extraditado a EEUU.
