El diputado proyectista Carlos Alarcón, de Unidad, advirtió que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados cometió una aberración al distorsionar el proyecto de ley antibloqueos de carreteras porque permite que los bloqueadores denuncien a las autoridades nacionales y subnacionales por no cumplir sus demandas.
“Tenemos que tener claridad absoluta de que el bloqueo es un delito, no es una protesta, no es el derecho constitucional; por lo tanto, tratar de trasladar las responsabilidades de los bloqueadores a las autoridades públicas como coartada, después para el juicio penal de los bloqueadores, me parece una aberración total de este (proyecto de) ley”, declaró Alarcón a la ANF.
El proyectista adelantó que pedirá al pleno de la Cámara de Diputados que rechace el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Justicia Plural porque se distorsionó en su esencia. Explicó que cualquier autoridad nacional o subnacional puede ser sujeto de un proceso penal sólo porque los bloqueadores sientan que sus demandas no son cumplidas.
“Esta ley establece que cualquier concejal o asambleísta de oposición puede interpelar a cualquier autoridad nacional o subnacional y remitir antecedentes al Ministerio Público. Puede enjuiciar a cualquier autoridad por no haber dado respuesta a las demandas de los bloqueadores; por lo tanto, tendrán que ir a la cárcel las autoridades públicas y los bloqueadores salir libres”, sostuvo Alarcón.
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 070/2025-2026 de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano, que establece penas para quienes bloqueen rutas y responsabilidades para autoridades que no atiendan conflictos dentro de sus competencias. La norma fue remitida al pleno de la Cámara Baja.
El diputado Manolo Rojas, presidente de esa comisión, informó que el proyecto de ley establece penas entre tres y 10 años de cárcel, de acuerdo con la gravedad del caso. La normativa aprobada fue resultado de la unificación de 10 propuestas presentadas por diferentes instancias, entre ellas, la de Alarcón.
Las repercusiones no se hicieron esperar. El dirigente de la Comisión Política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Luciano Marca, sostuvo que tomarán una determinación sobre ese proyecto en su ampliado de emergencia que se realizará el sábado en la ciudad de El Alto.
El sector campesino adelantó que no está de acuerdo con una normativa que castigue el bloqueo de caminos como una forma de ejercer su derecho a la protesta.
Los diputados de Alianza Popular, Rolando Pacheco y Sandro Rodríguez, también rechazaron el proyecto de ley. Sostuvieron que el bloqueo de carreteras es una herramienta de lucha de las organizaciones sociales históricamente vigentes en el país.
“Los bloqueos son un derecho a la protesta. ¿Quiénes son los culpables? Aquellas autoridades que no dan soluciones a las demandas y problemáticas de la población. Por ejemplo, si no le pagan sueldos a salud, salen legítimamente a protestar”, argumentó Pacheco.
El exdirigente campesino Félix Santos sugirió diferenciar en el proyecto de ley las protestas legítimas y las que tienen fines políticos; para estos últimos sí debe contemplarse prisión de más de 10 años.
