Dos comunicadores y cinco asambleístas opinan de las denuncias del fiscal general José Armando Urioste de que hay “mafias” que pagan a los medios.
La máxima autoridad del Ministerio Público boliviano acusó a algunos medios de comunicación de trabajar bajo pago de “mafias”, con el propósito se desacreditarlo. Desoyendo una regla básica de su rubro y alta investidura, no presentó pruebas de tan temeraria denuncia.
“Luchemos contra las mafias. No permitan que las mafias estén pagando a los medios de prensa para desacreditar un trabajo que está empezando y que esperemos tener un resultado con el concurso de toda la población boliviana”, dijo el fiscal general interino del Estado José Armando Urioste, en una conferencia de prensa el pasado lunes. De esta manera, se refirió a las numerosas críticas desde diversas esferas –y publicadas por diferentes medios de comunicación– luego de que admitió que su postulación para el cargo que ahora ostenta fue promovida ante la ALP por un empresario amigo suyo.
Dos periodistas y comunicadores –Patricia Flores y Andrés Gómez– desmenuzan la cuando menos controversial declaración de Urioste, a partir de una certeza: el fiscal general interino del Estado no observa normas básicas, y de tres interrogantes, cuyas respuestas (o falta de respuestas) dejan en evidencia a la flamante autoridad que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de iniciar el camino de reestructuración de la Fiscalía General del Estado… nada menos: ¿y las pruebas, señor fiscal?, o, si es que sabe algo, ¿por qué no lo divulga? ¿Cuánto conoce el fiscal de periodismo y medios?
Antes de entrar de lleno al análisis, una arista global de la reflexión de Flores: “es lamentable que el fiscal general pretenda inaugurar su gestión bajo una narrativa que descalifica y devalúa el trabajo periodístico, cuando su responsabilidad institucional debería traducirse en respeto a las garantías constitucionales, transparencia y rendición de cuentas. La crítica periodística no es una amenaza para la institucionalidad democrática; por el contrario, contribuye a fortalecerla”.
Tres preguntas y una certeza
¿Y las pruebas?
– Flores: “una afirmación de semejante gravedad, formulada sin identificar responsables ni presentar pruebas, proyecta un manto de sospecha sobre el conjunto del gremio periodístico, estigmatiza su labor y desconoce las garantías constitucionales”.
– Gómez: “fiscal, ¿usted tiene pruebas de que las mafias están pagando a los medios de comunicación? Una cosa es cuestionar una cobertura periodística y otra, muy distinta, insinuar que detrás de ella hay dinero de las mafias. Fiscal Urioste, si tiene pruebas, muéstrelas y procese a los responsables”.
¿Sabe algo… por qué no lo divulga?
– Flores: “si el fiscal general tiene conocimiento de la existencia de organizaciones delictivas que pretenden interferir en su gestión, tiene la obligación institucional de identificarlas y actuar conforme a derecho.
– Gómez: “(si sabe algo), tiene la obligación de precisar ¿cuáles son esos medios?, ¿qué periodistas reciben dinero?, ¿quiénes pagan y cuánto pagan? Y si no, ¿por qué lanza una acusación que pone bajo sospecha toda la cobertura de los periodistas?”.
¿Cuánto conoce el fiscal de periodismo y medios?
– Flores: “resulta preocupante que desconozca que el periodismo profesional se sustenta en principios éticos, normas deontológicas, verificación de hechos y responsabilidad frente a la sociedad (…). Es indispensable distinguir entre quienes producen contenidos y quienes cumplen una función periodística bajo estándares profesionales”.
– Gómez: “el fiscal interino debe saber que la jurisprudencia interamericana establece que la libertad de expresión posee una dimensión individual: el derecho a expresar ideas y opiniones; y una dimensión colectiva: el derecho de la sociedad a estar informada y a debatir sobre la gestión pública”.
Normas que el fiscal no observa
– Flores: “el artículo 106 de la CPE, que reconoce la libertad de expresión, de información y el ejercicio del periodismo, así como los principios de veracidad y responsabilidad (…). La CIDH ha insistido en la responsabilidad de las autoridades públicas de evitar discursos que estigmaticen a periodistas y medios de comunicación, particularmente cuando pueden alimentar la hostilidad y debilitar las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa”.
– Gómez: “es preocupante que el fiscal interino desconozca el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dice: ‘los funcionarios públicos están sujetos a un escrutinio ciudadano mucho más riguroso que los ciudadanos particulares, debido al cargo que ostentan y a la necesidad de fiscalizar el poder’”.
Posturas desde la ALP
Cinco asambleístas de cuatro fuerzas políticas opinan sobre las palabras de Urioste contra los medios. “Es una falta de respeto… se le va la boca”, “debe tener información reservada”, “solo él puede responder por lo que dijo”, “hay medios que nos atacan”, dicen, entre otras cosas.
– Diputada Claudia Herbas (Alianza Popular)
“Creo que es una falta de respeto a los medios de comunicación que cumplen su trabajo y tratan de informar a la mayoría de la población. Creo que a este señor a veces se le va la boca. Además, como hemos sabido, este señor ha sido designado por el presidente”.
– Diputada Clotilde Padilla (Unidad)
“De este tema tendría que responder el propio fiscal. No sé por qué lo dijo. Hay que respetar a los medios de comunicación, son quienes están informando al país. No quiero ser irresponsable y responder algo que le corresponde solo a él”.
– Diputado Freddy Camacho (APB Súmate)
“Le decimos al fiscal interino que tenga cuidado. Los medios tienen líneas de información, seguramente valorarán lo que la gente les dice, y esa valoración, obviamente les gusta a algunos y a otros no les gusta”.
– Diputada Claudia Bilbao (PDC)
“Que siga trabajando, que no haga muchas declaraciones (…). Hay medios que realmente nos atacan, todos los días; ciertos medios que son de exsenadores, exdiputados masistas”.
– Senador Víctor Quispe (PDC)
“Seguramente él debe tener información reservada sobre este aspecto que, obviamente, daña un poco la imagen de la prensa (…). No creo que sea la mayoría, pero puede haber algunos (medios) que hayan podido tener este tipo de influencia, y es mejor que ahora tengamos una transparencia total”. // Brújula Digital
