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Gobierno denuncia a exautoridades por daño económico de casi Bs 17 millones en «mansión de lujo» de YPFB

Entre los denunciados figuran Guillermo Achá Morales, expresidente ejecutivo de YPFB y otros exejecutivos y miembros del directorio.

El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, denunció la construcción de una “mansión de lujo”, a nombre de Casa Ejecutiva, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entre 2014 y 2015. La inversión que se hizo fue de más Bs 16 millones.  

“Hemos procedido a la formalización de la denuncia en contra de las exautoridades de YPFB -en ese momento- que autorizaron que los recursos públicos de los bolivianos sean destinados a obras suntuosas», sostuvo el viceministro. 

Acotó que «Toda inversión pública debe estar antecedida de la preinversión, que consiste en un estudio técnico,  económico, social o ambiental que justifique la conveniencia de la asignación de recursos. (…) En este caso, ha existido una millonaria asignación de recursos que carecen de justificación”, explicó García.

Entre los denunciados figuran Guillermo Achá Morales, expresidente ejecutivo de YPFB; Edwin Aldunate Luján, gerente nacional de Administración y Finanzas de YPFB; Mario Mendoza Luján, representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo; Grover Álvarez Quiroga, exjefe de la Unidad de Infraestructura de YPFB; y miembros del directorio.

Los delitos denunciados son conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.  “¿De qué manera la construcción de una casa ejecutiva para directores y ejecutivos ha contribuido a mejorar la vida de los bolivianos?”, cuestionó el viceministro.

El monto ejecutado en la construcción de la obra fue de Bs 2.337.131, mientras que los gastos de mantenimiento alcanzaron los Bs 122.610. A esos montos se sumaron Bs 14 millones en equipamiento. La construcción generó gastos adicionales en equipamiento, climatización, sistemas y mobiliario, que en conjunto elevaron la inversión a más de Bs 16 millones.

“No se justificaba en absoluto la infraestructura (…) cuando esos recursos podrían ser invertidos en acciones y proyectos que vayan a mejorar la vida de la ciudadanía”, añadió García. //ANF