Sobre Evo Morales, la imputación señala que lanzó un ultimátum al Gobierno hasta el 3 de octubre para que abrogara las normas cuestionadas y convocó a movilizaciones a partir del 13 de octubre.
El Ministerio Público sostiene que el senador Nilton Condori, el expresidente Evo Morales y los dirigentes Román Gutiérrez y Rosario Vargas buscaron generar un escenario de conflictividad social para forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mediante declaraciones y convocatorias a movilizaciones.
La ANF accedió a la imputación formal presentada por la Fiscalía contra el senador suplente suspedido Condori, en la que se analizan las declaraciones de los cuatro sindicados durante el ampliado de la organización Evo Pueblo, realizado en la localidad de Lauca Ñ el 26 de septiembre y transmitido por Radio Kawsachun Coca.
“En consecuencia, la hipótesis investigativa principal sostiene que las manifestaciones atribuidas a los cuatro denunciados podrían haber integrado una estrategia coordinada destinada a ejercer presión coactiva sobre el Gobierno constitucionalmente establecido y provocar la renuncia anticipada del presidente Rodrigo Paz Pereira, mediante la eventual utilización de amenazas de violencia, movilizaciones y cercos territoriales”, señala parte de los argumentación planteada por los fiscales del caso.
El 26 de septiembre se desarrolló en Lauca Ñ el ampliado de los sectores afines al exmandatario y en el que participó el senador Condori. Durante su intervención, el parlamentario afirmó en un discurso: “Si no fusilamos a estos ladrones, Bolivia no va a tener futuro”.
Al respecto, la Fiscalía interpretó el verbo “fusilamos” como una convocatoria masiva a la violencia y consideró que la expresión “estos ladrones” hacía referencia a autoridades gubernamentales. Según el análisis de los fiscales, esas palabras podrían interpretarse como una incitación a ejercer violencia contra integrantes del Órgano Ejecutivo.
Sobre las declaraciones de Evo Morales, los fiscales señalaron que adquieren relevancia porque el expresidente lanzó un ultimátum al Gobierno hasta el 3 de octubre para que abrogara las normas cuestionadas y convocó a movilizaciones a partir del 13 de octubre. A criterio del Ministerio Público, esas expresiones formarían parte de una estrategia de presión institucional.
Por su parte, la Fiscalía sostuvo que los dirigentes Román Gutiérrez y Rosario Vargas propusieron intensificar las medidas de presión mediante un cerco a la ciudad de La Paz. Según los fiscales, la secuencia de intervenciones apuntaría a promover una movilización masiva y violenta con el propósito de alterar el orden constitucional.
Los delitos
El senador Condori fue enviado al penal de San Pedro, en La Paz, por seis meses y fue imputado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en su contra por el diputado Manolo Rojas, remitida a la Fiscalía el 29 de septiembre.
Respecto al delito de instigación pública a delinquir, los fiscales argumentaron que el senador convocó de manera abierta y pública a cometer un delito contra la vida de integrantes del Gobierno, con lo que, según la imputación, habría excedido los límites de la crítica política y afectado la tranquilidad de la población.
En cuanto al presunto delito de terrorismo, la Fiscalía sostuvo que el sindicado llamó a atentar contra la seguridad del Estado y a subvertir, mediante la violencia, el orden establecido, condicionando el futuro del país.
Actos pendientes
Entre los actos investigativos pendientes, la Fiscalía señaló que tomará las declaraciones informativas de Evo Morales y de los dirigentes mencionados. Asimismo, recabará material documental y audiovisual de Radio Kawsachun Coca, de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y de la dirección nacional del partido Evo Pueblo. //ANF
