Uno de los cambios establece que el capital de los inversionistas nacionales o extranjeros no podrá ser expropiado si no existe una causa real y comprobable.
El Gobierno remitió nuevamente este jueves a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Inversiones con modificaciones respecto al texto original, para su consideración y aprobación. La norma busca brindar seguridad jurídica a las inversiones y atraer capital extranjero.
“Pudimos ir al Ministerio de Economía a ultimar algunos detalles y, ayer por la tarde, por fin ese documento ha sido enviado al Legislativo. Esperamos que el Legislativo trabaje junto a las comisiones para que podamos tener este proyecto aprobado en noviembre y, de esa forma, podamos atraer inversiones”, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo.
El miércoles, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, indicó que se estaba elaborando un nuevo proyecto normativo y explicó que la propuesta recoge los resultados de un proceso de diálogo con distintos gremios, cuyos planteamientos fueron incorporados al documento.
Los cambios
Olivo explicó algunos de los cambios introducidos en la normativa. Una de las observaciones estuvo relacionada con la incorporación del arbitraje internacional, que, según indicó, se encontraba al margen de lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).
Al respecto, señaló que se modificó ese artículo y se decidió incluir una cláusula arbitral sin especificaciones, con el propósito de evitar contradicciones con la Carta Magna. Consideró que, una vez que se modifique la Constitución, se podrá adecuar esa disposición normativa.
El artículo 99 del proyecto de Ley de Inversiones establecía que el Estado solo podrá someter una controversia de inversión a arbitraje cuando exista consentimiento expreso y específico en tratados internacionales vigentes, contratos de inversión, contratos de inversión de interés público, contratos de alianza público-privada o contratos de inversión respecto de los cuales una ley autorice expresamente el arbitraje.
En tanto, el artículo 320 de la Constitución dispone que toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, las leyes y las autoridades bolivianas. Asimismo, establece que nadie podrá invocar una situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable.
Otro de los cambios establece que el capital de los inversionistas nacionales o extranjeros no podrá ser expropiado si no existe una causa real y comprobable. En caso de que esta medida no pueda sustentarse en un plazo de 120 días, la expropiación quedará anulada.
La propuesta también contempla beneficios arancelarios para la importación de equipos que los inversionistas necesiten adquirir para ejecutar sus proyectos. Además, podrán acceder a un plazo de 60 meses para el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a una reducción de hasta el 80% del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).
Asimismo, se amplió a 30 años el plazo de vigencia de los contratos de inversión, con el propósito de abarcar proyectos de largo plazo, como la construcción de carreteras y proyectos de exploración hidrocarburífera y generación de energía.
Finalmente, se prevé la creación de un centro de conciliación para resolver disputas o controversias entre el Estado y los inversionistas. Esta instancia estará integrada por representantes del Estado y del sector privado. // ANF
