El gobierno municipal de Tarija pidió por escrito, informe al gobierno actual, sobre la situación en que se encuentra el financiamiento para la planta de tratamiento de aguas residuales.
“He mandado una nota al actual Ministro de Economía, preguntando hasta qué punto era verdad lo que decía el anterior gobierno”, confirmó el alcalde Jhonny Torres Terzo, al añadir que el asunto no es tan fácil como algunos mencionan.
“No se puede hacer un proyecto de ley, si no se tiene el financiador primero”, observó al recordar que el anterior gobierno aseguró que ya tenía confirmado el financiamiento con la CAF (Corporación Andina de Fomento).
Se trataba de 75 millones de dólares o 560 millones de bolivianos, si eso fuera cierto el gobierno nacional primero debería hacer un decreto firmado por el Presidente y sus Ministros aceptando el trámite y pidiendo autorización a la Asamblea.
La Asamblea nacional, por ley tiene que aprobar el endeudamiento del país, sin embargo, para que la ley proceda tienen que adjuntarse todos los documentos elaborados de manera previa, para que llegue a los legisladores.
El alcalde considera que la Asamblea no tendrá objeciones, porque el punto de vista para concretar esta planta es muy unánime, “nadie está en desacuerdo con eso, no hay objeciones, ese es el camino, por tanto, he pedido la información”.
Si no es evidente que la CAF ha comprometido el financiamiento, la situación es mucho más complicada porque el gobierno tiene que buscar un financiador, pero es poco probable, lo más cierto es que este organismo aprobó el financiamiento.
El gobierno lo que tiene que hacer es aceptarlo con un decreto, expresó al dar a entender que el asunto está en manos del gobierno que debe elaborar el decreto promulgarlo para que después se inicien los trámites posteriores.
La necesidad de concretar esta planta, es una cara aspiración del pueblo de Tarija, que quiere sanear el río Guadalquivir, que está sufriendo las consecuencias de no tener este tipo de planta que se pretende hace años.
LUGAR Y TERRENOS
El gobierno municipal, ante los argumentos de gobiernos anteriores de que primero tiene que conseguirse los terrenos dónde emplazar esta planta, consiguió 18 hectáreas en la quebrada “cabeza de toro”, registrados en Derechos Reales.
Además, un estudio elaborado para una planta de tratamiento en San Luis fue adecuado para hacerse en esta quebrada, este documento estableció la inversión de 560 millones de bolivianos, incluidos los colectores de las aguas servidas.
