Los demandantes acusan al Presidente de “traición a la patria” por su vínculo con Fernando CerimedoLos ciudadanos Oscar Vásquez, Jaime Choque y Wilmer Vásquez presentaron este jueves una Acción de Cumplimiento ante la Sala Constitucional Primera de La Paz con el objetivo de obligar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a activar un juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz por el presunto delito de “traición a la patria”, tras la controversia desatada por el caso del asesor argentino Fernando Cerimedo.
En contacto con la Red Unitel, el abogado Wilmer Vásquez explicó que recurrieron a la vía constitucional tras denunciar una “omisión inconstitucional” por parte de la Cámara de Senadores, instancia que no emitió respuesta ni activó los procedimientos correspondientes a la solicitud de juicio planteada el 24 de agosto de 2026.
Según los demandantes, el ingreso y la supuesta influencia de Cerimedo en el Palacio de Gobierno representaron una intromisión foránea en las decisiones del Estado. En ese marco, Vásquez sostuvo que “el presidente del Estado ha cometido traición a la patria”, al advertir que la presencia del consultor “en el corazón del Poder Ejecutivo boliviano constituye una injerencia extranjera que atenta contra la soberanía nacional, configurando el delito de traición a la patria previsto en el artículo 124 de la Constitución”.
El memorial sustenta esta postura en indicios como tarjetas personales halladas durante allanamientos, en las que el ciudadano argentino figuraba identificado como “asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”. De igual manera, los denunciantes señalaron que Cerimedo disponía de un correo electrónico oficial con el dominio institucional @presidencia.gob.bo y acceso directo al despacho presidencial, aclarando que estos puntos corresponden a su fundamentación jurídica y no a una determinación judicial preexistente.
Dentro de su petitorio, los accionantes solicitaron que la Sala Constitucional admita el recurso con carácter de “urgencia y sumariedad constitucional”, declare la omisión del Órgano Legislativo y ordene convocar a una sesión plenaria extraordinaria e inmediata para debatir la acusación y autorizar el procesamiento constitucional.
Por último, la demanda exige procesar de forma inmediata tanto al primer mandatario como a Cerimedo y a otros posibles implicados, además de requerir la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes y funciones de la familia Paz bajo acusaciones de presunto cohecho, tráfico de influencias y corrupción.
